Entre los años 2018 y 2023 el Ministerio de Salud y Protección Social destinó 39 mil millones de pesos para la promoción de la convivencia, la salud mental y el fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. Este monto representa aproximadamente el 1% del total del presupuesto que recibe la entidad.

Sin embargo, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial (Comisión Lancet) es que los Estados asignen a la salud mental mínimo el 5% del total de presupuesto de salud en países de ingresos medianos, como es el caso de Colombia.

Una mirada a los presupuestos de cinco departamentos en los que esta investigación se concentra, revela que la inversión en salud mental ha aumentado significativamente después de la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, se pasó de una asignación de 7 mil millones de pesos en el año 2020 a 26 mil millones de pesos en 2023; en el mismo periodo Antioquia pasó de 735 millones a mil millones de pesos.

A pesar del incremento en la inversión, las gobernaciones de Antioquia, Barranquilla, San Andrés y Providencia afirman, a través de derechos de petición, que la mayor limitación para atender la crisis de salud mental en los jóvenes es la falta de recursos físicos, demoras en la prestación de servicios y la falta de articulación entre entidades.

Sin capacidad instalada

Los recursos humanos también escasean. La congresista Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara y creadora de la primera Red de Apoyo en Salud Mental, revela que: “Tenemos 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Los estándares de los países que están en la OCDE son de 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos a un abismo del estándar”.

“Hay una carencia de personal médico que atiende salud mental en el país y una de las necesidades más grandes es el presupuesto para que las IPS y EPS estén fortalecidas con estos profesionales, cosas que no pasan hasta el momento”, afirma Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego.

Al preguntarle al Ministerio de Salud por este asunto responde, a través de un derecho de petición, que: “no es posible obtener del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) esta variable dado que no se encuentra parametrizada, y no se cuenta con registros oficiales al respecto, discriminados por prestador de servicios de salud”. Esta ausencia de registro representa un problema para entender qué tan compleja es la falta de personal médico en el país.

Según Juan Pablo Aranguren, profesor de psicología de la Universidad de los Andes con experiencia en investigación sobre los recursos destinados a salud mental en Colombia, “la contratación del personal es a corto plazo. Entonces, están rotando constantemente. Imagínese usted ir a un psicólogo a contarle todos sus dolores y unas tristezas espantosas, y a los tres meses llega otro profesional que le responde al paciente: ‘no, es que el psicólogo que la atendía ya no tiene contrato, entonces ahora me mandaron a mí’”.

Camas tampoco hay

También faltan camas hospitalarias destinadas a la atención exclusiva de pacientes con problemas de salud mental. Un análisis de datos entregados por el Ministerio de Salud a la UIP permite concluir que Cundinamarca, Valle del Cauca, Arauca y Amazonas no tienen ninguna cama disponible para atender pacientes de salud mental pediátrica, es decir de niños, niñas y adolescentes. “No tenemos preparada nuestra infraestructura y esto dificulta la atención oportuna a los jóvenes que se acercan a un centro de salud”, dice, indignado, Carlos Julio González, senador, psicólogo y líder en la creación de la primera Comisión Accidental de Salud Mental (2023) en el Senado.

Navegue el siguiente mapa interactivo para conocer la situación de cada departamento.