En los últimos once años en Colombia se han quitado la vida 10.108 personas, con edades entre los 15 y los 29 años, de acuerdo con una base de datos construida para esta investigación a partir de los Forensis.
En el mismo periodo, 68.336 personas con rango etario idéntico asistieron a Medicina Legal por causa de violencia intrafamiliar. De acuerdo con expertos de la institución, estas formas de violencia decantan en “problemas de ajuste conductual, social y emocional que se traducen en conducta antisocial, depresión y ansiedad”.
El análisis detallado de los datos permite identificar que desde 2017 estas cifras aumentaban considerablemente, sin que los gobiernos reaccionaran a los gritos cuantitativos que instituciones como Medicina Legal, y estudios como última y única Encuesta Nacional de Salud Mental, desarrollada en 2015 por la Pontificia Universidad Javeriana, entregaban con la urgencia de quien trae algo que puede salvar vidas.
La información quedó sobre los escritorios, como un pendiente, cuando llegó la pandemia; entonces los cuerpos fueron más importantes que las mentes. Urgía contar con intensivistas, terapistas respiratorios, entre otros que ayudaran a componer cuerpos que carecían de oxígeno. Mientras tanto, las mentes de adolescentes y jóvenes seguían su proceso silencioso de asfixia o lo empezaban en medio de la inédita circunstancia.
Las cifras de violencia intrafamiliar se desbordaron, y las entidades públicas que sumaban casos comprendieron que había algo que fallaba, y que no era tangible como las vías respiratorias. ¡las mentes!
Montaron con rapidez desde el Ministerio de Salud y Protección Social una línea telefónica para escuchar, orientar… pero la línea, muy a la colombiana, no funcionó – no funciona- continuamente. En los intervalos de servicio recibieron 42.927 llamadas de personas de todas las edades, pero los informes muestran que fueron los jóvenes quienes más marcaron.
La crisis, que se cocinaba años atrás, saltó a la vista. Pero recursos para atenderla no hay. Basta solo con este dato: en el país hay 2,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, según la Procuraduría General de la Nación. También faltan camas para atender casos de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y plata, aunque esta investigación revela los esfuerzos de algunas entidades municipales para aumentar el presupuesto de salud mental.
La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano entrega esta investigación, en la que por más de 8 meses se ha tratado de indagar la capacidad del Estado para atender la crisis en salud mental que afrontan los jóvenes en el país.
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